El 1 de marzo, el gobierno de Bolivia declaró cortado todo comercio con Chile, asumiendo que hay un estado de guerra.6 El 15 de marzo, Chile inició preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello, el 23 de marzo, tuvo lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y
A mediados del siglo XIX, el desierto de Atacama había adquirido un gran valor económico debido al descubrimiento de valiosos yacimientos de guano y, posteriormente, de salitre, ambos, entonces, con buena ley y buen precio en el mercado internacional.
Existen discrepancias entre los historiadores bolivianos y chilenos con respecto a si el territorio de la Audiencia de Charcas, primero dependiente del Virreinato del Perú y después del Virreinato del Río de la Plata, disponía o carecía de litoral. Apoyándose en diversos documentos, los bolivianos insisten en que lo tenía; por su parte, los chilenos lo niegan o lo ponen en duda. Al crearse la República de Bolivia en 1825,1 Simón Bolívar incluyó la costa de Cobija (Puerto La Mar) como parte de esta nueva república. La explotación económica de esa zona costera fue llevada a cabo por empresarios y pirquineros chilenos.
Antes del inicio de la guerra, los respectivos presidentes eran Hilarión Daza (en Bolivia), Aníbal Pinto Garmendia (en Chile) y Mariano Ignacio Prado (en el Perú). Las Repúblicas de Bolivia y de Chile habían suscrito dos tratados de límites: el primero de ellos en 1866 (Tratado de límites de 1866 entre Bolivia y Chile) y el segundo en 1874, junto a un protocolo complementario en 1875 (Tratado de límites de 1874 entre Bolivia y Chile). Ambos tratados fueron ratificados en su oportunidad y canjeados en Santiago y en La Paz.
De acuerdo con su preámbulo, el tratado de 1866 tenía por finalidad, "poner un término amigable y recíprocamente satisfactorio a la antigua cuestión pendiente entre ellas sobre la fijación de sus respectivos límites territoriales en el desierto de Atacama y sobre la explotación de los depósitos de huano existentes en el litoral del mismo desierto" [sic], estableciendo en su artículo I que la frontera de los dos países sería "en adelante el paralelo 24 de latitud meridional desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile". Asimismo, establecía una medianería en favor de ambos países, entre los paralelos 23 y 25, sobre los productos provenientes de la explotación de los depósitos de guano y los derechos de exportación que se percibieran sobre los minerales extraídos en aquella área.
El gobierno que depuso a Mariano Melgarejo declaró como nulos todos los actos del gobierno anterior, incluyendo los tratados de límites firmados con Chile y Bolivia. Esta declaración tensionó las relaciones con el gobierno chileno hasta la firma del Tratado de 1874, que reemplazó al de 1866. Este último tratado volvió a fijar como límite entre las Repúblicas de Chile y Bolivia "El paralelo del grado 24 desde el mar hasta la cordillera de los Andes en el divortia aquarum" [sic], estableciendo, además, en el artículo IV, que los derechos de exportación que se impusieran sobre los minerales exportados en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25 de latitud sur "no excederan la cuota de la que actualmente se cobra, i las personas, industrias y capitales chilenos no quedarán sujetos a mas contribuciones de cualquiera clase que sean que las que al presente existen. La estipulación contenida en este artículo durará por el termino de veinticinco años" [sic]. Este tratado internacional era el vigente hacia 1879.
El 27 de noviembre de 1873, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, una sociedad chilena formada por capitales chilenos y británicos, firmó un acuerdo con el gobierno boliviano que le autorizaba la explotación de salitre libre de derechos por 25 años, desde la bahía de Antofagasta hasta Salinas, incluyendo el Salar del Carmen. Dicho acuerdo no fue ratificado por el congreso boliviano, que en ese entonces se encontraba analizando las negociaciones con Chile,2 que darían como resultado el tratado de 1874.
En 1878, el congreso de Bolivia se abocó al estudio del acuerdo celebrado por el gobierno en 1873. Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres de Antofagasta aún no estaba vigente porque, de acuerdo con la Constitución boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso.2 Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente boliviana mediante una ley, el 14 de febrero de 1878, a condición de que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía.
Artículo Único. Se aprueba la transacción celebrada por el ejecutivo en 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos en quintal de salitre exportado.
En lo que respecta a Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo IV del tratado de 1874. Por ello, dicho impuesto encontró una gran resistencia por parte de los propietarios de la empresa afectada y una cerrada defensa de su causa por parte del gobierno de Santiago, desencadenándose un conflicto diplomático.
A lo largo de los meses subsiguientes, el gobierno boliviano se abstuvo de implementar la ley mientras se discutían las objeciones presentadas por el gobierno chileno. El 8 de noviembre, el canciller Alejandro Fierro envió una nota al canciller Martín Lanza indicando que el Tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. El 17 de noviembre, el gobierno de La Paz ordenó al prefecto del departamento de Cobija que aplicara la ley del impuesto para iniciar las obras de reconstrucción de Antofagasta. Aunque ambas partes propusieron la resolución del conflicto por vía de un arbitraje, tal como lo contemplaba el Protocolo de 1875, este no llegó a realizarse ya que mientras el gobierno de Chile exigía que se suspendiera la ejecución de dicha ley hasta que su legalidad fuese determinada por un árbitro, el gobierno de Bolivia exigía que el blindado Blanco Encalada y sus fuerzas navales se retiraran de la bahía de Antofagasta. El 6 de febrero, ante las protestas por parte de la Compañía de Salitres por la ley del impuesto y dado que el contrato no había cumplido con los trámites para declararlo, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta. El prefecto Zapata ordenó rematar sus bienes para cobrar los impuestos generados desde febrero de 1878.
En Chile, la decisión de impedir el remate se tomó la mañana del 11 de febrero, cuando, en una sesión especial del gabinete chileno, se recibió un telegrama del norte, conteniendo textualmente un mensaje del ministro plenipotenciario de Bolivia "Anulación de la ley de febrero, reivindicación de las salitreras de la compañía". Este gatilló la decisión del presidente Aníbal Pinto de ordenar la ocupación de Antofagasta, que se realizó el 14 de febrero de 1879, ocupando tropas chilenas el litoral boliviano hasta el paralelo 23.4 El 14 de febrero, el día del remate, tres naves chilenas desembarcaron en Antofagasta, Mejillones, Cobija y Caracoles reivindicándose estos territorios. El 16 de febrero, llegó a Lima el ministro boliviano Serapio Reyes a fin de exigirle al gobierno peruano que cumpliera con el tratado de alianza defensiva de 1873. El 27 de febrero, Hilarión Daza decretó el estado de sitio en Bolivia.
Gracias a los archivos de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se sabe que en Chile no existía interés en ir a la guerra por salvar a la compañía, a pesar de que muchos políticos y ministros importantes eran accionistas minoritarios de la compañía [cita requerida]. Sin embargo, la decisión sería otra en el caso de que se remataran efectivamente las salitreras, lo que, según la visión del presidente de Chile Aníbal Pinto, supondría la violación efectiva del tratado.
Batallón Nº 3 de Línea del Ejército de Chile, formados en columnas en la Plaza Colón de Antofagasta, Bolivia en 1879.
El Perú, que había suscrito el Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia de carácter secreto en 1873 y al que Argentina no se había adherido, trató de persuadir al gobierno de La Paz para someterse a un arbitraje con la misión Quiñones,5 figura que se encontraba estipulada en el protocolo complementario de 1875, toda vez que se trataba de un "problema tributario" y no territorial. El gobierno peruano, para mediar en el conflicto, envió a su ministro plenipotenciario José Antonio de Lavalle a Chile; la misión del diplomático fracasó. El canciller chileno Alejandro Fierro preguntó al plenipotenciario peruano sobre la existencia de un "Tratado Secreto" firmado con Bolivia en 1873. Lavalle no tenía instrucciones sobre ello y le indicó que en la comisión diplomática del congreso a la que él pertenecía no se había tocado ese tema. En Lima el 20 de marzo, el presidente peruano le expuso al representante chileno Godoy que el tratado existía y que convocaría al congreso peruano para evaluar qué actitud tomar ante Chile y Bolivia.
El 1 de marzo, el gobierno de Bolivia declaró cortado todo comercio con Chile, asumiendo que hay un estado de guerra.6 El 15 de marzo, Chile inició preparativos para ocupar más al norte del paralelo 23. Con ello, el 23 de marzo, tuvo lugar la batalla de Calama, en la que las fuerzas chilenas vencieron a un grupo de civiles bolivianos. El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú.
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